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PROYECTO DE LEY

Un paso adelante en nuestra legislación social

 

Informe del diputado Diego Cánepa en la comisión de Constitución y Códigos sobre el Proyecto de Ley de Unión Concubinaria

 

El proyecto de unión concubinaria fue sancionado por la Cámara de Senadores el 12 de setiembre de 2006. En su trámite en la Cámara de Representantes,  el diputado Diego Cánepa realiza el Informe en mayoría de la comisión de "Constitución, Códigos, Legislación general y Administración". Posteriormente el proyecto es aprobado con algunas modificaciones y pasa nuevamente al Senado para su consideración.

Transcribimos el informe del diputado Cánepa y el texto sancionado por la Cámara.


INFORME EN MAYORÍA


Señoras y señores Representantes:

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración ha estudiado el proyecto de ley sobre Unión Concubinaria que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y ha resuelto por mayoría aconsejar al Cuerpo el voto afirmativo del mismo con las modificaciones propuestas.

Está ampliamente desarrollado en nuestra sociedad el concepto que Uruguay supo ser un ejemplo y vanguardia en la legislación social en general y en la legislación de protección de derechos de los trabajadores en particular.

Sin embargo esto hoy es más parte del mito que de la realidad ya que nuestra sociedad se encuentra lamentablemente en una situación de rezago considerable en el reconocimiento y la ampliación de dichos derechos incluso a nivel regional o continental; este proyecto de ley es también un aporte en la recuperación de la avanzada en los derechos sociales y la ampliación de la libertad de nuestros ciudadanos.

 

I) Antecedentes del proyecto de ley

Desde el año 2000, el Parlamento uruguayo viene debatiendo en cuanto a cómo y con qué alcances regular la unión concubinaria o parejas de hecho.

Es así que se han presentado diversos proyectos de ley, de los cuales ninguno llegó a aprobarse como ley durante las pasadas legislaturas, sin embargo los mismos han servido como insumos del actual proyecto a consideración, en particular los proyectos presentados por el Diputado Díaz Maynard el 9 de mayo de 2000, el presentado por los Diputados Falero, Mieres, Posada y Felipe Michelini el 16 de mayo de 2000, el presentado por los Diputados del Encuentro Progresista Frente Amplio el 9 de octubre de 2002 desarchivado en la actual Legislatura por la Bancada del F.A. en Cámara de Senadores y el proyecto alternativo presentado por la Senadora Percovich que es el que con algunos cambios aprobó el Senado y remitió a nuestra Cámara.

Todos estos proyectos tienen el denominador común de poseer como objetivo asegurar a estas organizaciones familiares y a sus integrantes que la unión concubinaria no se traduzca en un factor de vulnerabilidad o discriminación.

 

II) Fundamento y objetivos del proyecto

Este proyecto tiene como objetivo general asegurar que los derechos de las personas no sean vulnerados en función de la forma de organización familiar por la que han optado o forma de convivencia en pareja y también generar la protección de los derechos patrimoniales surgidos de dicha relación permanente y estable.

Se establecen lineamientos básicos y procedimientos especiales para paliar las desigualdades o vulneraciones de derechos que puedan esconderse o habilitarse a través de estas formas de convivencia que aun no se encuentran reguladas en nuestra actual legislación, garantizando los derechos básicos de los miembros de la pareja de hecho estable, y los efectos de la misma, sin invadir otros aspectos que responden al derecho de todas las personas a vivir conforme a su libre albedrío siempre que no dañen a terceras personas.

No asimila el concubinato al matrimonio ni tampoco busca forzar la formalización de relaciones de pareja que han optado por la convivencia de hecho, teniendo la posibilidad de unirse en matrimonio.

Uno de los elementos más removedores del proyecto es la decisión de incluir las uniones de las personas homosexuales en la definición, para esta ley, de la unión concubinaria previsto en el artículo segundo, ya que si bien el mismo no cumple totalmente con la demanda de estos colectivos, da un paso legislativo de especial importancia dado que se les reconoce como pareja, regula algunos de sus derechos básicos y les habilita a constituir sociedades de bienes y protege la libertad de opción de los ciudadanos de manera efectiva al proteger las consecuencias de sus decisiones.

 

1- La situación en Uruguay como fenómeno social

Del excelente trabajo de la demógrafa Wanda Cabella sobre "La demografía de las uniones consensuales en Uruguay en la última década", se desprende claramente que es creciente el número de personas que, en el ejercicio de la libertad individual, constituyen unidades de relación afectivo-sexuales de carácter estable sin llegar a formalizarlas en un contrato matrimonial, bien porque no desean sujetarse a ese régimen, bien porque no tienen la posibilidad de casarse. La información censal disponible permite constatar importantes transformaciones en las modalidades de constitución familiar y un crecimiento sostenido de las uniones concubinarias en nuestro país.

En ese trabajo la demógrafa establece que: "La desinstitucionalización de los vínculos conyugales constituye uno de los rasgos más sobresalientes del cambio familiar en los países occidentales. Desde mediados de la década de 1960, el aumento de la consensualidad y la creciente inestabilidad de las uniones pusieron en tela de juicio la primacía del matrimonio como único marco legítimo para el inicio y desarrollo de la vida conyugal. Empezando por los países nórdicos y seguidos por la vasta mayoría de las sociedades europeas y de Estados Unidos, la cohabitación -ya sea como preludio del matrimonio, ya sea como relación estable- se transformó en una de las características intrínsecas de las familias de fines del siglo XX. A consecuencia de este gran cambio en el patrón de conformación de las familias, durante la década de 1990, varios países revisaron sus legislaciones relativas al matrimonio. En algunos de estos países, las uniones libres, -hetero y homosexuales-, fueron formalmente reconocidas (Francia y Holanda), mientras que en otros se tendió a concederles los mismos derechos, beneficios y responsabilidades que a los matrimonios legalmente constituidos. Independientemente de las fuertes controversias generadas en torno a este tema, el principal objetivo de las nuevas políticas estuvo orientado a proteger a los miembros más vulnerables de las familias, fundamentalmente en lo pertinente a los derechos de propiedad y herencia".

"La discusión de la adecuación del contexto legal y las políticas públicas a las nuevas formas de convivencia conyugal resulta también pertinente en Uruguay, en función de los cambios experimentados en los últimos años. Junto con el aumento del divorcio y las separaciones, el crecimiento de las uniones consensuales ha sido uno de los rasgos más significativos del cambio familiar en Uruguay. En muy pocos años este tipo de unión dejó de ser una modalidad conyugal poco habitual, y generalmente estigmatizada, para transformarse en una alternativa usual al matrimonio. Si bien puede decirse que la consensualidad es todavía una práctica más frecuente en algunos sectores de la población, la principal característica de su evolución reciente es que ha tendido a generalizarse al conjunto de la sociedad.

Asimismo, verifica que el número de hijos de las personas que se declaran en unión libre es más alto que en el de las casadas.

Es impactante constatar el aumento continuo de esta forma de unión y conformación de la familia en los últimos años, por lo cual ha dejado de ser un fenómeno aislado para transformarse en un verdadero fenómeno social, vivido con mayor normalidad por la sociedad y como consecuencia con una mayor legitimidad.

Con respecto a este aumento de los concubinatos en Uruguay el informe sostiene: "Las uniones libres experimentaron aumentos moderados desde la década de 1970 y su ritmo de crecimiento se aceleró durante los últimos años de la década 1980. Sin embargo, es en los primeros años de la década de 1990 que esta forma conyugal registra un crecimiento vertiginoso. La evolución de la proporción de personas en unión libre respecto al total de unidos entre 15 y 49 años permite constatar la extraordinaria expansión de las uniones consensuales a inicios de la década de 1990. Si se considera todo el período, en los diecisiete años que transcurren entre 1987 y 2004 la proporción de parejas que opta por la unión libre se triplicó, partiendo del 10% del total de unidos en esas edades, para situarse en 30% en el último año de la serie".

 

Gráfico: Evolución de la tasa de nupcialidad y de las uniones consensuales (Uruguay, 1987- 2004)

 

Evolucion de la tasa de nupcialidad y de las uniones consensuales (1987 a 2004)

Fuente: Elaboración propia con base en Encuestas Continuas de Hogares (INE) y Estadísticas Vitales (INE)

 

Estas uniones dan lugar a verdaderos núcleos familiares no sujetos actualmente a prácticamente ninguna regulación jurídica, más allá de que la jurisprudencia ha logrado mitigar el impacto del desconocimiento de los derechos de los más débiles, aplicando normas vigentes, en aquellos casos en los que el desamparo del derecho produce la judicialización de los conflictos.

No obstante, permanecen en el ordenamiento distintas disposiciones legales que discriminan negativamente los modelos de familia distintos al tradicional, desconociendo que el derecho a optar por un modelo familiar diferente, sin que el ejercicio de ese derecho deba comportar un trato legal más desfavorable.

Es evidente que, de acuerdo a los datos aportados, la legislación nacional tiene un considerable atraso con respecto a lo que ya sucede en la sociedad y no genera los marcos adecuados para la protección de las libres decisiones de sus ciudadanos en un tema tan íntimo como es el de la opción con quien construye su ámbito familiar o su vida en pareja.

Otro elemento que reafirma la generalidad de la práctica en la sociedad, es que la misma ya no se circunscribe solamente a las personas más pobres de la sociedad, aunque sigue siendo el estrato social donde está más extendido y el indudable impacto mayoritario en la población joven del país.

Nuevamente el informe de la demógrafa Cabella es elocuente al establecer: "El concubinato, como solía ser denominado, fue históricamente una práctica tradicional entre los sectores pobres urbanos y en el medio rural uruguayo (Barrán & Nahúm 1979; Pellegrino 1997). En la actualidad las uniones consensuales siguen siendo más frecuentes entre los sectores más desfavorecidos: la probabilidad de estar en una unión consensual es más alta entre las personas con menos educación y entre los pobres. Lo que resulta novedoso del auge reciente de las uniones consensuales es su notable expansión entre la población joven y su crecimiento entre los jóvenes con mayor nivel educativo.

En pocos años, este tipo de unión dejó de ser una forma minoritaria entre los jóvenes, para transformarse en el tipo de vínculo más frecuente a la hora de iniciar la vida conyugal. En 1991, de las personas que estaban viviendo en pareja entre los 20 y los 24 años, 22.2% se encontraba en unión consensual, en 2004 esta proporción alcanza a los dos tercios de las parejas (64.1%), y en el grupo quinquenal siguiente (25 a 29 años) la mitad de los que conformaron una unión conyugal está en unión libre. Cabe destacar que si bien su magnitud queda opacada por el comportamiento de los grupos más jóvenes, este tipo de unión ha crecido en todos los tramos etarios. El significativo aumento de las uniones consensuales pasados los 35 años, parece responder al efecto conjunto del aumento de las rupturas conyugales y a la preferencia por este tipo de unión por parte de las personas que vuelven a conformar pareja".

 

Gráfico: Proporción de uniones libres en el total de personas unidas entre 15 y 49 años (Uruguay, 1991 y 2004)

 

Proporcion de uniones libres en el total de personas unidas entre 15 y 49 años (Uruguay 1991 y 20049

Fuente: Elaboración propia con base en microdatos de ECH

 

Ya en 1993, la Senadora Roballo señalaba en la exposición de motivos de su iniciativa sobre el particular que: "Hay que terminar con años y años de sacrificio, años de amor, años de convivencia, en los que han cuidado a un compañero en largas enfermedades y muerte y quedan sin este gran amparo de la pensión, en la soledad más difícil y amarga del fin de la vida".

Constataba el Diputado Díaz Maynard, en la exposición de motivos de su iniciativa, que "la casi totalidad de las legislaciones europeas y latinoamericanas contienen, desde hace muchos años, regulaciones directas del concubinato, en algunas incluso, con rango constitucional".

El artículo 40 de la Constitución establece que: "La familia es la base de nuestra sociedad" e impone al Estado la obligación de velar por su estabilidad moral y material. Dicho precepto constitucional no hace referencia a un modelo de familia determinado ni predominante, lo que hace necesaria una interpretación amplia de lo que debe entenderse como tal, consecuente con la realidad social actual.

La realidad social demanda el reconocimiento de que además del matrimonio, elemento tradicional para la configuración de un hogar, existen otros arreglos familiares informales pero con igual vinculación afectiva, económica, sexual, emocional.

Consecuentemente se hace necesario que la ley recoja situaciones que son producto de las transformaciones sociales, y que permitan la aplicación del axioma constitucional, reconociéndose otros modelos de arreglos familiares como es la unión concubinaria.

Sin embargo este reconocimiento de la Carta no ha sido comprendido en toda su dimensión y todavía, doctrina y jurisprudencia, las más de las veces, siguen una concepción restrictiva del concepto de familia.

La restricción interpretativa del postulado constitucional al matrimonio como única vía de la formación de una familia, produce el desconocimiento de reales familias en nuestra sociedad que se encuentran en el total desamparo o que la jurisprudencia debe componer recurriendo a otros institutos como la sociedad de hecho o el enriquecimiento sin causa, como forma de administrar justicia.

Desatender el hecho social, es desconocer el precepto constitucional y la evolución cultural de nuestra sociedad.

 

III) Contenidos del proyecto y modificaciones realizadas

El proyecto tuvo importantes modificaciones en el trabajo de la Comisión sin cambiar el corazón conceptual del votado en el Senado, con el cual la mayoría de la Comisión tiene acuerdo.

El primer cambio importante y que determinó la modificación a su vez de la estructura y numeración del proyecto son los artículos originales referidos a la extensión de los derechos pensionarios a los concubinos; en este tema hubo unanimidad de la Comisión en considerar que era necesario la iniciativa del Poder Ejecutivo debido a que nos encontrábamos en materias de seguridad social cuya iniciativa corresponde privativamente al Poder Ejecutivo, conforme a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución.

Enviado el mismo se integró como un nuevo Capítulo V, el cual regula los Derechos y Obligaciones de Seguridad Social (del artículo 14 al 21). Los artículos contenidos en el mismo, en su mayor parte, modifican disposiciones de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995. En lo que refiere a los ámbitos de inclusión en la seguridad social ajenos al Banco de Previsión Social, se prevé que la extensión de los aludidos derechos y obligaciones operará transcurrido un año de la entrada en vigencia de la ley, a efectos de facilitar las previsiones presupuestales que en cada caso puedan tener que adoptarse.

En lo que respecta a los artículos 1º y 2º, allí se establece en primer lugar la definición de la "unión concubinaria" como "...la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad u orientación sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual".

Esta definición, tal como señala el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, organismo especializado en el estudio jurídico de la legislación latinoamericana específica, "apunta a recoger en su definición la diversidad de formas de convivencia afectiva y sexual de los seres humanos y como consecuencia brindar protección normativa a todos los modelos familiares que no están unidos por matrimonio, incluso los de personas del mismo sexo. Significa en definitiva la aceptación de la diversidad, de las distintas formas del ser humano de expresar la efectividad y la sexualidad.

Cumple con los compromisos contraídos por el país en materia de derechos humanos y está en concordancia con los instrumentos internacionales -Convenciones y Conferencias- que el Uruguay ha ratificado y/o suscripto desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta las Convenciones que se refieren específicamente a la no discriminación por razón de sexo, raza, color de piel, religión, opción sexual e identidad sexual".

En la definición se quitó la referencia al latinazgo "more uxorio" en ambos artículos. Dicho latinazgo significa "con apariencia de matrimonio" de acuerdo a su más extendida acepción y es una de las notas distintivas que la jurisprudencia evalúa en los casos donde se invoca tal condición.

Entendemos que, de acuerdo a la definición para esta ley que realizamos en el artículo 2º, donde incluimos a las parejas homosexuales, sería un contrasentido la utilización en su definición del citado latinazgo ya que al no encontrarse permitido en nuestra legislación el matrimonio de homosexuales podría interpretarse como una contradicción e incluso una invalidación del alcance de la definición posterior.

En el artículo 3º se establece la obligatoriedad de la asistencia recíproca. Hemos modificado el alcance y la redacción del inciso tercero; se definió con mayor precisión la excepción a la demanda de alimentos derivada de la comisión de cualquier delito por parte del demandante al demandado o a sus parientes hasta el grado establecido y a su vez se indicó la celeridad con la cual el Juez debe actuar si comprueba los extremos invocados.

Modificamos el segundo inciso del artículo 4º, ampliando la legitimación para promover la acción de reconocimiento de la unión concubinaria una vez declarada la apertura legal de la sucesión de uno o ambos concubinos.

En el artículo 5º que refiere al objeto de la declaratoria de la unión concubinaria, subsumimos el anterior artículo 7º que regulaba lo referido a la sociedad de bienes y creamos un único artículo con ambos temas. Esto de acuerdo al convencimiento de realizar una importante modificación al proyecto original del Senado en el entendido que definimos simplificar el nacimiento de la sociedad legal de bienes y no posibilitar bajo ningún concepto la coexistencia de dos regímenes patrimoniales diferentes al mismo tiempo.

Por lo tanto, en el mismo procedimiento, regulado en el artículo 6º (el cual no fue modificado), al solicitarse la declaratoria de reconocimiento del concubinato se resuelve la disolución de una sociedad de bienes anterior, si existiese, con todas las garantías a las partes y nace una nueva sociedad a partir de la inscripción en el registro que está previsto en esta misma ley.

Se establece la libertad de los concubinos de optar por diversas formas de administración de la sociedad de bienes y si así no lo hicieran estarán regidos por las disposiciones que rigen la sociedad conyugal.

También se modificó el literal B) para hacer efectivo el espíritu con el cual había sido redactado, ya que existían importantes cuestionamientos jurídicos a que verdaderamente cumpliera con el objetivo de determinar jurídicamente los bienes integrantes de la nueva sociedad de bienes, creemos que la nueva redacción salva dichas críticas y genera el efecto deseado.

Los artículos referidos al procedimiento y a las prohibiciones contractuales no han sido modificados.

La elección del procedimiento previsto en el artículo 402 y siguientes del Código General del Proceso y del proceso extraordinario (artículo 346 y siguientes del Código General del Proceso) en caso de oposición son acertados para dar no solo las garantías sino la celeridad necesaria a este tipo de actuaciones.

En el Capítulo III se regulan los aspectos vinculados a la disolución de la unión concubinaria. En los artículos 8º al 10 se establecen las causas y el procedimiento para la disolución y en el 11, los derechos sucesorios.

El Capítulo IV referido al Registro no ha tenido modificaciones.

Del análisis de la legislación comparada resulta que en varios países se ha procedido a constituir registros de uniones concubinarias, análogos a los registros matrimoniales.

Este mecanismo de formalización de los concubinatos requiere que las personas unidas en concubinato concurran a la inscripción. Es a partir de este acto que la unión concubinaria genera efectos patrimoniales.

Este proyecto -a diferencia de la mayoría de las normas vigentes en la materia en otros países- se sumerge en el delicado campo del conflicto de derechos e intereses generados por la coexistencia de uniones de hecho con matrimonios no disueltos, punto éste que ha tenido que ser resuelto en el país por la vía jurisprudencial, a falta de regulación legislativa específica.

Abordar este conflicto de derechos en relación a bienes y otros derechos en los que pueden afectarse derechos de terceros de buena fe, ha llevado a que se optara por la vía judicial para el reconocimiento y/o disolución de la unión concubinaria, como ámbito en el que puedan reclamarse -con las debidas garantías- los derechos generados durante la vida en común, vigente o ya disuelta.

El reconocimiento judicial del concubinato tiene como objeto la determinación de la fecha de comienzo de la unión y la determinación de los bienes adquiridos por el esfuerzo y caudal común, de forma de proteger al concubino que pueda no figurar como titular de los bienes adquiridos con su participación y definir la sociedad de bienes (artículo 5º).

En el proceso de disolución de la unión concubinaria habrá de resolverse lo relativo a los alimentos, tenencia y visita de los hijos habidos así como cuál de los concubinos permanecerá en el hogar asiento de la pareja, si correspondiera. También deberá procederse a la facción de inventario de los bienes generados por el esfuerzo y caudal común. Cuando la unión concubinaria se disuelve sin que haya existido previo reconocimiento judicial de la misma, será necesario determinar la fecha de inicio de la convivencia y los bienes adquiridos con el esfuerzo común antes de proceder a la facción de inventario.

El artículo 11 también fue modificado de forma importante. En primer lugar se modificó el segundo inciso definiendo como concurren el concubino y cónyuge supérstite, si existiese, no solo integrando la misma parte sino que de acuerdo a la proporción de los años de convivencia, creemos que este es un criterio más justo.

A su vez existían dudas jurídicas con respecto a si los derechos reales de uso y habitación afectarían la intangibilidad de las legítimas y de otras asignaciones forzosas, lo que no surgía resuelto en el texto original. Se decidió que por su relevancia debería ser resuelto por el legislador y no quedar abierto a diversas interpretaciones de la doctrina y jurisprudencia.

Por lo que hemos optado por establecer que los derechos reales de habitación y de uso concubinarios deberán imputarse a la porción disponible, y si excediera de la misma, exclusivamente a las legítimas de los descendientes comunes del causante y el concubino sobreviviente sin afectar las legitimas de otros herederos forzosos ni las asignaciones forzosas de otros beneficiarios.

En el Capítulo VI, el último, se modificó la redacción sin afectar el fondo del artículo por el cual se modifica el artículo 127 del Código Civil.

Se agregó un artículo al proyecto, el 24, por el cual se modifica el artículo 194 del Código Civil para extender como causa del cese de la pensión alimentaria de la cónyuge separada y/o de la ex cónyuge, el pasar a vivir en concubinato declarado judicialmente.

Esto responde a una obvia armonización legislativa al crearse el estado de concubino con la protección legal y su regulación.

 

IV) Conclusiones

La realidad incontrastable del aumento del concubinato como elección de vida, la evolución hacia la legitimidad actual y la diversidad de opciones para la conformación del núcleo familiar que existe hoy en nuestro país es palpable y basta ver la conclusión del informe citado ut supra al decir: "En suma, las características demográficas más importantes que cabe destacar respecto a la evolución reciente de las uniones consensuales pueden resumirse en tres aspectos:

a) su crecimiento ha sido vertiginoso durante la última década como resultado de su expansión en todos los grupos de edad;

b) este aumento ha sido particularmente importante entre las generaciones jóvenes, quienes -ya sea provisoria o definitivamente- optan cada vez más por la cohabitación y

c) se han incorporado sub-poblaciones que solo muy marginalmente optaban por este tipo de unión en años anteriores".

La presente ley pretende contribuir y avanzar hacia la superación de todas las discriminaciones que -por razón de la condición o circunstancias personales o sociales de los componentes de la familia, entendida en la diversidad de formas de expresar la afectividad y la sexualidad admitidas culturalmente en nuestro entorno social- perduran en la legislación y busca perfeccionar el desarrollo normativo de los principios de no discriminación, libre desarrollo de la personalidad y protección jurídica de las familias, adecuando la normativa a la realidad social del momento histórico actual.

Por lo expuesto aconsejamos al Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.

 


 

PROYECTO DE LEY

 

CAPÍTULO I - LA UNIÓN CONCUBINARIA

 

Artículo 1º. (Ámbito de aplicación).- La convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión concubinaria genera los derechos y obligaciones que se establecen en la presente ley, sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas a las uniones de hecho no reguladas por ésta.

Artículo 2º.- (Caracteres).- A los efectos de esta ley se considera unión concubinaria a la situación de hecho derivada de la comunidad de vida de dos personas -cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual- que mantienen una relación afectiva de índole sexual, de carácter exclusiva, singular, estable y permanente, sin estar unidas por matrimonio entre sí y que no resulta alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 91 del Código Civil.

Artículo 3º. (Asistencia recíproca).- Los concubinos se deben asistencia recíproca personal y material. Asimismo, están obligados a contribuir a los gastos del hogar de acuerdo a su respectiva situación económica.

Una vez disuelto el vínculo concubinario persiste la obligación de auxilios recíprocos durante un período subsiguiente, el que no podrá ser mayor al de la convivencia, siempre que resulte necesario para la subsistencia de alguno de los concubinos.

Presentada una demanda de alimentos, la parte demandada podrá excepcionarse cuando la demandante haya sido condenada por la comisión de uno o más delitos en perjuicio de ésta o sus parientes hasta el tercer grado en la línea descendente, ascendente o colateral. Comprobados estos extremos, el Juez desestimará sin más trámite la petición impetrada.

En las mismas condiciones del inciso anterior, y cuando los hechos se produzcan una vez concedida la prestación alimentaria, el Juez, a petición de parte, decretará el cese de la referida prestación.

 

CAPÍTULO II - RECONOCIMIENTO JUDICIAL DE LA UNIÓN CONCUBINARIA

Artículo 4º. (Legitimación).- Podrán promover la declaratoria judicial de reconocimiento de la unión concubinaria los propios concubinos, actuando conjunta o separadamente.

Cualquier interesado, justificándolo sumariamente, podrá asimismo promover la acción de reconocimiento de la unión concubinaria, una vez declarada la apertura legal de la sucesión de uno o ambos concubinos.

Artículo 5º. (Objeto y sociedad de bienes).- La declaratoria de reconocimiento judicial del concubinato tendrá por objeto determinar:

A) La fecha de comienzo de la unión.

B) La indicación de los bienes que hayan sido adquiridos a expensas del esfuerzo o caudal común para determinar las partes constitutivas de la nueva sociedad de bienes.

El reconocimiento inscripto de la unión concubinaria dará nacimiento a una sociedad de bienes que se sujetará a las disposiciones que rigen la sociedad conyugal en cuanto le sean aplicables, salvo que los concubinos optaren, de común acuerdo, por otras formas de administración de los derechos y obligaciones que se generen durante la vigencia de la unión concubinaria.

Constituida esta sociedad de bienes, se disuelve la sociedad conyugal o la sociedad de bienes derivada de concubinato anterior que estuviere vigente entre uno de los concubinos y otra persona.

 

Artículo 6º. (Procedimiento).- El reconocimiento de la unión concubinaria se tramitará por el proceso voluntario (artículo 402 y siguientes del Código General del Proceso).

En todos los casos los concubinos que inician el procedimiento deberán proporcionar al tribunal el nombre y domicilio de las personas cuyos derechos patrimoniales derivados de una sociedad conyugal o de otra unión concubinaria, puedan verse afectados por el reconocimiento (artículos 404 y siguientes del Código General del Proceso).

Cuando el reconocimiento de la unión concubinaria sea promovido por uno solo de los concubinos, se intimará al otro o a sus herederos, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior.

De deducirse oposición se seguirá el proceso extraordinario (artículo 346 y siguientes del Código General del Proceso), en el que deberá ser oído preceptivamente el Ministerio Público.

 

Artículo 7º. (Prohibiciones contractuales).- A partir del reconocimiento judicial del concubinato, regirán entre los concubinos las mismas prohibiciones contractuales previstas en la ley respecto de los cónyuges.

 

CAPÍTULO III - DISOLUCIÓN DE LA UNIÓN CONCUBINARIA

 

Artículo 8º. (Disolución de la unión concubinaria).- La unión concubinaria se disuelve en los siguientes casos:

A) Por sentencia judicial de disolución, dictada a petición de cualquiera de los concubinos, sin expresión de causa.

B) Por fallecimiento de uno de los concubinos.

C) Por la declaración de ausencia.

En los casos B) y C) la disolución deberá acreditarse en la sucesión o en los procedimientos de ausencia, respectivamente.

 

Artículo 9º. (Procedimiento para la disolución).- En el caso del literal A) del artículo 8º de la presente ley, la disolución de la unión concubinaria se tramitará por el proceso extraordinario (artículos 346 y siguientes del Código General del Proceso).

La sentencia que disponga la disolución de la unión concubinaria, deberá -previo dictamen del Ministerio Público- pronunciarse sobre los siguientes puntos:

A) Las indicaciones previstas en el artículo 5º de la presente ley, si no existiera previo reconocimiento judicial del concubinato.

B) Lo relativo a la tenencia, guarda, pensión alimenticia y visitas de los hijos nacidos de dicha unión, así como los alimentos contemplados en el artículo 3º de la presente ley.

C) Lo relativo a cuál de los concubinos permanecerá en el hogar familiar, sin perjuicio de la resolución anticipada sobre exclusión del mismo para alguno de los concubinos, si ello se hubiera decretado como medida previa.

El tribunal procurará que las partes lleguen a un acuerdo sobre todos o algunos de esos puntos y, en su defecto, pronunciará providencia solucionando provisoriamente aquellos sobre los que persista el desacuerdo.

 

Artículo 10. (Facción de Inventario).- Dentro de los treinta días hábiles posteriores a que haya recaído sentencia firme, por la que se disponga la disolución de la unión concubinaria, se procederá a la facción de inventario en autos de las deudas y bienes adquiridos a título oneroso por los concubinos, durante el período de vigencia de la unión.

Si se suscitare controversia o existieren reclamos, se dejará constancia en acta, tramitándose por el proceso extraordinario ante la misma Sede y por cuerda separada.

 

Artículo 11. (Derechos sucesorios).- Disuelto el concubinato por fallecimiento de uno de sus integrantes, el concubino sobreviviente tendrá los derechos sucesorios que el artículo 1026 del Código Civil consagra para el cónyuge.

Existiendo cónyuge supérstite, concurrirá con el concubino, integrando la misma parte, y en proporción a los años de convivencia.

Asimismo, si se tratare de una persona mayor de sesenta años de edad sin medios propios suficientes para asegurar su vivienda, que haya convivido en concubinato al menos durante los últimos diez años en forma ininterrumpida, tendrá derecho real de uso y habitación previsto en los artículos 881.1 al 881.3 del Código Civil, siempre y cuando dicho bien fuera propio del causante o común de la unión concubinaria.

Los derechos reales de habitación y de uso se imputarán a la porción disponible, en el supuesto de que ésta no fuera suficiente, por el remanente a las legítimas de los descendientes comunes del causante y el concubino supérstite. Estos derechos no afectarán las legítimas de otros herederos forzosos, ni las asignaciones forzosas de otros beneficiarios.

 

CAPÍTULO IV - REGISTRO

 

Artículo 12.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 34 de la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, por el siguiente:

"El Registro Nacional de Actos Personales tendrá cinco Secciones: Interdicciones, Regímenes Matrimoniales, Uniones Concubinarias, Mandatos, Universalidades y Sociedades Civiles de Propiedad Horizontal".

Artículo 13.- Incorpóranse a la Ley Nº 16.871, de 28 de setiembre de 1997, la Sección 3.2 bis que se denominará

"Sección Uniones Concubinarias" con los siguientes artículos:

"3.2 bis - SECCIÓN UNIONES CONCUBINARIAS

"ARTÍCULO 39 bis. (Base de ordenamiento).- Esta Sección se ordenará en base a fichas personales de los concubinos.

ARTÍCULO 39 ter. (Actos Inscribibles).- En esta Sección se inscribirán:

1) Los reconocimientos judiciales de concubinato.

2) Las constituciones de sociedades de bienes derivadas del concubinato.

3) Los casos de disolución judicial del concubinato, con excepción de la muerte de uno de los concubinos".

CAPÍTULO V - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

 

Artículo 14.- Agrégase al artículo 25 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, el siguiente literal:

"E) Las concubinas y los concubinos, entendiéndose por tales las personas que, hasta el momento de configuración de la causal, hubieran mantenido con el causante una convivencia ininterrumpida de al menos cinco años en unión concubinaria more uxorio de carácter exclusivo, singular, estable y permanente, cualquiera sea su sexo, identidad, orientación u opción sexual y que no resultare alcanzada por los impedimentos dirimentes establecidos en los numerales 1,2,4 y 5 del artículo 91 del Código Civil".

Artículo 15.- Sustitúyese el artículo 26 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995, con la redacción parcialmente introducida por la Ley Nº 16.759, de 4 de julio de 1996, por el siguiente:

"ARTÍCULO 26. (Condiciones del derecho y términos de la prestación).- En el caso del viudo, concubino, los padres absolutamente incapacitados para todo trabajo y las personas divorciadas, deberán acreditar conforme a la reglamentación que se dicte, la dependencia económica del causante o la carencia de ingresos suficientes.

Tratándose de las viudas y de las concubinas, tendrán derecho al beneficio siempre que sus ingresos mensuales no superen la suma de $ 15.000 (quince mil pesos uruguayos).

En el caso de los beneficiarios señalados en el literal D) del artículo anterior, deberán justificar que gozaban de pensión alimenticia servida por su ex cónyuge, decretada u homologada judicialmente. En estos casos, el monto de la pensión o la cuota parte, si concurriere con otros beneficiarios, no podrá exceder el de la pensión alimenticia.

Los hijos adoptivos y los padres adoptantes, en todo caso deberán probar que han integrado, de hecho, un hogar común con el causante, conviviendo en su morada y constituyendo con el mismo una unidad moral y económica similar a la de la familia, siempre que esta situación fuese notoria y preexistente en cinco años por lo menos, a la fecha de configurar la causal pensionaria, aún cuando el cumplimiento de las formalidades legales de adopción fuese más reciente.

Cuando la causal pensionaria se opere antes que el adoptado haya cumplido los diez años de edad, se exigirá que el beneficiario haya convivido con el causante la mitad de su edad a dicha fecha.

El goce de esta pensión es incompatible con el de la causada por vínculo de consanguinidad, pudiendo optar el interesado por una u otra.

Tratándose de beneficiarias viudas y de beneficiarias concubinas, que tengan cuarenta o más años de edad a la fecha de fallecimiento del causante, o que cumplan esa edad gozando del beneficio de la pensión, la misma se servirá durante toda su vida. Los restantes beneficiarios mencionados en los literales A), D) y E) del artículo anterior que cumplan con los requisitos establecidos en este inciso, gozarán igualmente de la pensión durante toda su vida, salvo que se configuren respecto de los mismos las causales de término de la prestación que se establecen en este artículo.

En el caso que los beneficiarios mencionados en los literales A), D) y E) del artículo 25 de la presente ley tengan entre treinta y treinta y nueve años de edad a la fecha del fallecimiento del causante, la pensión se servirá por el término de cinco años y por el término de dos años, cuando los mencionados beneficiarios sean menores de treinta años de edad a dicha fecha. Los períodos de prestación de la pensión a que hace referencia el inciso anterior no serán de aplicación en los casos que:

A) El beneficiario estuviese total y absolutamente incapacitado para todo trabajo.

B) Integren el núcleo familiar del beneficiario hijos solteros menores de veintiún años de edad, en cuyo caso la pensión se servirá hasta que estos últimos alcancen dicha edad, excepto cuando se trate de mayores de dieciocho años de edad que dispongan de medios de vida propios y suficientes para su congrua y decente sustentación.

C) Integren el núcleo familiar hijos solteros mayores de dieciocho años de edad absolutamente incapacitados para todo trabajo.

El derecho a pensión se pierde:

A) Por contraer matrimonio en el caso del viudo, concubino y personas divorciadas.

B) Por el cumplimiento de veintiún años de edad en los casos de hijos solteros.

C) Por hallarse el beneficiario al momento del fallecimiento del causante en algunas de las situaciones de desheredación o indignidad previstas en los artículos 842, 899, 900 y 901 del Código Civil.

D) Por recuperar su capacidad antes de los cuarenta y cinco años de edad los beneficiarios mencionados en los literales B) y C) del artículo 25 de la presente ley.

E) Por mejorar la fortuna de los beneficiarios".

Artículo 16.- Sustitúyense los literales A), B) y E) del artículo 32 de la Ley Nº 16.713, de 3 de setiembre de 1995, por los siguientes:

"A) Si se trata de personas viudas o divorciadas o concubinas o concubinos, el 75% (setenta y cinco por ciento) del básico de pensión cuando exista núcleo familiar, o concurrencia con hijos no integrantes del mismo o padres del causante.

B) Si se trata exclusivamente de la viuda o concubina o del viudo o concubino, o hijos del causante, el 66% (sesenta y seis por ciento) del básico de pensión".

"E) Si se trata de la viuda o viudo en concurrencia con la divorciada o divorciado y/o concubina o concubino, o de la divorciada o divorciado en concurrencia con la concubina o concubino, sin núcleo familiar, el 66% (sesenta y seis por ciento) del sueldo básico de pensión. Si alguna o algunas de esas categorías tuviere o tuvieren núcleo familiar, el 9% (nueve por ciento) de diferencia se asignará o distribuirá, en su caso, entre esas partes".

Artículo 17.- Sustitúyense los literales A) y B) del artículo 33 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995, por los siguientes:

"A) A la viuda o viudo, concubina o concubino, divorciada o divorciado, con núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 70% (setenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran con núcleo familiar la viuda o viudo y/o concubina o concubino y/o divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría. En el caso de que alguna o algunas de las categorías integre o integren núcleo familiar, su cuota parte será superior en un 14% (catorce por ciento) a la del resto de los beneficiarios.

El remanente de la asignación de pensión se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión.

B) A la viuda o viudo, concubina o concubino, divorciada o divorciado, sin núcleo familiar, en concurrencia con otros beneficiarios, le corresponderá el 60% (sesenta por ciento) de la asignación de pensión.

Cuando concurran la viuda o viudo y/o concubina o concubino y/o divorciada o divorciado, la distribución de dicho porcentaje se hará por partes iguales a cada categoría.

El remanente se distribuirá en partes iguales entre los restantes copartícipes de pensión".

Artículo 18.- Sustitúyese el numeral 2) del artículo 167 de la Ley Nº 16.713 de 3 de setiembre de 1995, por el siguiente:

"2) El pago total o parcial, debidamente documentado, de cobertura médica u odontológica, asistencial o preventiva, integral o complementaria otorgadas al trabajador, su cónyuge, concubina o concubino more uxorio con cinco años de convivencia ininterrumpida y demás características previstas por el literal E del artículo 25, sus padres -cuando se encuentren a su cargo-, hijos menores de dieciocho años, o mayores de dieciocho y menores de veinticinco mientras se encuentren cursando estudios terciarios e hijos incapaces, sin límite de edad".

Artículo 19.- Cumplido un año a partir de la entrada en vigencia de esta ley, quedarán extendidos a las concubinas y concubinos -a que refieren los artículos 1º y 2º-, todos los derechos y obligaciones de seguridad social previstos para los cónyuges según el ámbito de inclusión que corresponda, a que refieren los artículos 14 a 18 de esta ley o de disposiciones legales ya vigentes.

A los efectos de la generación de pensiones de sobrevivencia, los requisitos previstos por los artículos 1º y 2º de esta ley deberán existir al momento de configurarse la causal pensionaria.

 

Artículo 20.- Para determinar los derechos y obligaciones de seguridad social a que hubiere lugar, la prueba de los extremos requeridos por los artículos 1º y 2º de la presente ley se realizará en el organismo previsional que correspondiere según la inclusión de los servicios respectivos, sin perjuicio de la eficacia que a tal fin tendrá, en lo pertinente, el reconocimiento judicial obtenido conforme a lo previsto en la ley.

 

Artículo 21.- Los gastos que la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente capítulo pudiere generar al Banco de Previsión Social, al Servicio de Retiros y Pensiones Policiales y al Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, serán atendidos por Rentas Generales, si fuera necesario.

 

CAPÍTULO VI - OTRAS DISPOSICIONES

 

Artículo 22.- Sustitúyese el artículo 127 del Código Civil por el siguiente:

"ARTÍCULO 127.- Los cónyuges se deben fidelidad mutua y auxilios recíprocos. La obligación de fidelidad mutua cesa si los cónyuges no viven de consuno".

Artículo 23.- La relación concubinaria no obsta a los derechos derivados de la relación laboral entre los concubinos, siempre que se trate de trabajo desempeñado de manera permanente y subordinada. Se presume dicha relación, salvo prueba en contrario, cuando uno de los concubinos asume ante terceros la gestión y administración del negocio o empresa de que se trate.

 

Artículo 24.- Sustitúyese el artículo 194 del Código Civil por el siguiente:

"ARTÍCULO 194.- Cesa la obligación que impone al marido el inciso primero del artículo 183 de este Código si la mujer contrae nuevas nupcias o si vive en unión concubinaria declarada judicialmente".

Artículo 25.- En todas las normas materia de arrendamientos que otorguen beneficios a favor del cónyuge, se sustituirá la palabra cónyuge por la expresión "cónyuge, concubino o concubina".

 

Artículo 26.- Agrégase al Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 36 bis.- El ex concubino podrá desalojar de la vivienda de su propiedad o sobre la que posee otro derecho real, a la persona con la que habitó en unión concubinaria, en los plazos y con la limitación de excepciones previstas en el artículo 35 de esta ley".

Artículo 27.- Agrégase al Decreto-Ley Nº 14.219, de 4 de julio de 1974, el siguiente artículo:

"ARTÍCULO 87.1.- El propietario o titular de un derecho real no podrá exigir que sus hijos de menos de dieciocho años de edad desocupen la vivienda, de la que es titular, salvo que se les proporcione o dispongan de otra que les permita vivir decorosamente".

Sala de la Comisión, 12 de setiembre de 2007

 

DIEGO CÁNEPA
Miembro Informante


GUSTAVO BERNINI
JORGE ORRICO
EDGARDO ORTUÑO
JAVIER SALSAMENDI

 

 

 

 

 

 

Trabajo parlamentario

 

LICENCIAS ESPECIALES

Proyecto de licencias especiales para trabajadores y trabajadoras en la actividad privada

 

FUERO MATERNAL Y DE LACTANCIA

Proyecto para reducir causales de despido en embarazadas

 

 

 

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